La Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador consiguió reducciones impositivas, una tarifa específica diferenciada y el reconocimiento normativo de la categoría artesanal. Sin embargo, el componente ad valorem y el impacto desigual de las medidas fiscales siguen alimentando un debate que conecta al mercado ecuatoriano con otros países de América Latina.
Quito, Ecuador.
La discusión sobre los impuestos que paga la cerveza artesanal no es exclusiva de Chile. En Ecuador, la Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador (ASOCERV) lleva casi una década trabajando para conseguir un esquema tributario que reconozca las particularidades de los pequeños productores y les permita competir en mejores condiciones frente a la gran industria.
Durante 2026, una decisión del Gobierno de Daniel Noboa volvió a poner el tema en primer plano. Mediante el Decreto Ejecutivo 420, el Ejecutivo dispuso la reducción temporal al 0% del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) para la cerveza artesanal e industrial, tanto nacional como importada, durante la Copa Mundial de Fútbol.
La medida estuvo vigente entre el 12 de junio y el 19 de julio. Pero su aplicación dejó una lectura particular desde el sector independiente: eliminar un impuesto no necesariamente genera el mismo beneficio para una microcervecería que para una gran compañía industrial.
El episodio permitió volver sobre una discusión más profunda: cómo construir un sistema tributario que contemple las diferencias entre empresas que comparten una categoría de producto, pero trabajan con escalas, estructuras de costos y capacidades comerciales muy distintas.

Un impuesto con dos componentes
El sistema ecuatoriano contempla dos componentes para el ICE aplicado a la cerveza: una tarifa específica, calculada según los litros de alcohol puro contenidos en el producto, y una tarifa ad valorem, vinculada con el valor comercial.
Para 2026, antes de la reducción extraordinaria por el Mundial, la tarifa específica era de US$1,56 por litro de alcohol puro para la cerveza artesanal y de US$13,62 para la industrial. A ambas categorías se les aplicaba, además, un componente ad valorem del 75%.
La diferencia entre las tarifas específicas es considerable. La cerveza artesanal cuenta con un valor mucho menor que el de la industrial, una diferenciación que reconoce parte de las particularidades de la producción independiente.
Sin embargo, la existencia del componente ad valorem mantiene otra variable dentro del cálculo: el precio del producto.
Esta combinación es importante para entender el planteo de ASOCERV. La asociación considera que la estructura tributaria debe analizarse no solamente desde las tarifas específicas, sino también desde el peso que tienen los distintos componentes sobre el precio final y la capacidad real de cada productor para trasladar una reducción impositiva al consumidor.
El Mundial y el impacto desigual de una reducción
El Decreto Ejecutivo 420 dispuso llevar temporalmente a cero los dos componentes del ICE para la cerveza artesanal e industrial, tanto nacional como importada. El Gobierno presentó la medida como una herramienta para dinamizar la actividad económica durante el Mundial y favorecer sectores como el comercio, la gastronomía, el turismo y el entretenimiento.
Desde ASOCERV, la reacción fue de reconocimiento a la decisión, pero también de aclaración sobre sus alcances.
En un comunicado difundido el 15 de junio, la asociación explicó que, por la naturaleza de la producción artesanal y la composición de sus costos, la incidencia del componente específico del ICE dentro del precio final es reducida. Por esa razón, su eliminación temporal no permitiría generar disminuciones relevantes para el consumidor.
El gremio también señaló que las cervecerías independientes, que representan una fracción pequeña del consumo nacional, difícilmente podrían trasladar el beneficio a sus precios de venta en la misma medida que las grandes industrias.
La explicación tiene relación con las condiciones de producción. Las pequeñas fábricas compran materias primas en cantidades menores, trabajan con costos unitarios más elevados y cuentan con estructuras comerciales y de distribución de otra escala. La elaboración, el envasado y la logística tienen un peso proporcionalmente mayor en sus operaciones.
Por eso, una reducción impositiva idéntica en términos normativos no necesariamente produce el mismo efecto económico en todos los segmentos del mercado.
La medida fue temporal y finalizó el 19 de julio de 2026. No modificó de manera permanente el esquema tributario ecuatoriano, pero volvió a instalar una discusión que ASOCERV sostiene desde hace años.
Una década de trabajo institucional
El reclamo ecuatoriano tiene antecedentes que se remontan a 2016. Ese año, uno de los primeros avances de ASOCERV fue conseguir una reducción de la tarifa específica del ICE para las cervezas artesanales: pasó de US$12 a US$2 por litro de alcohol puro.
En 2019 se produjo otro cambio relevante. La reforma tributaria eliminó la etiqueta SIMAR para las cervecerías artesanales y redujo nuevamente la tarifa específica, que quedó en torno a US$1,50 por litro de alcohol puro.
Estos avances no resolvieron todas las diferencias tributarias, pero permitieron construir un marco de reconocimiento para una actividad que hasta entonces tenía dificultades para distinguirse normativamente de la producción industrial.
La trayectoria institucional de la asociación también incluyó intervenciones ante la Asamblea Nacional, reuniones con autoridades y participación en debates sobre regulación, fiscalidad y desarrollo del sector.
Ecuador incorporó una definición normativa de cerveza artesanal
Uno de los resultados más significativos de ese trabajo fue la incorporación de una definición de cerveza artesanal en la normativa ecuatoriana, a través de las modificaciones reglamentarias vinculadas con la Ley Orgánica para el Fomento Productivo de 2018.
La definición no se limita a describir una receta o una técnica de elaboración. Establece condiciones relacionadas con los ingredientes, la independencia empresarial y la participación en el mercado.
Entre los requisitos se contempla que durante la elaboración no se incorporen conservantes, estabilizantes, colorantes o saborizantes químicos; que la participación en el mercado ecuatoriano no supere el 1%, excluyendo las exportaciones; y que la empresa no tenga participación accionaria de compañías pertenecientes al segmento industrial cervecero o sus partes relacionadas.
El criterio de escala resulta especialmente relevante. Para el sistema ecuatoriano, no alcanza con que un producto se presente comercialmente como artesanal: también deben cumplirse condiciones concretas que permitan identificar a los productores independientes.
Este reconocimiento ofrece una herramienta normativa para establecer tratamientos diferenciados y constituye uno de los antecedentes más importantes de la experiencia ecuatoriana.
El reclamo por un tratamiento según el tamaño de las empresas
La discusión ya había llegado a la Asamblea Nacional en 2016. En aquella oportunidad, representantes del sector artesanal plantearon un esquema de reducción del ICE según el tamaño de las empresas.
La propuesta contemplaba una reducción del 80% para microempresas, del 60% para pequeñas empresas y del 40% para medianas empresas.
El planteo partía de una premisa: no todas las compañías que elaboran bebidas alcohólicas tienen la misma capacidad económica ni enfrentan las mismas condiciones de producción.
La diferenciación por escala buscaba reconocer esa realidad y evitar que las pequeñas cervecerías tuvieran que afrontar una carga tributaria diseñada sin considerar sus condiciones particulares.
Con el paso de los años, Ecuador avanzó en algunos de esos reclamos mediante reducciones de la tarifa específica y el reconocimiento normativo de la categoría artesanal. Sin embargo, el sistema mixto de tributación mantuvo abierto el debate.
Dos modelos, una misma preocupación: Ecuador y Chile
El caso ecuatoriano adquiere mayor interés cuando se lo compara con la discusión que se desarrolla en Chile.
La Asociación Cervecera Independiente de Chile presentó ante el Ministerio de Hacienda una propuesta para modificar el sistema tributario de las bebidas alcohólicas. Su planteo busca reemplazar el actual componente calculado sobre el precio por un impuesto basado en el volumen, acompañado de un tratamiento diferenciado para los pequeños productores.
Ecuador tomó otro camino. Ya cuenta con una tarifa específica considerablemente menor para la cerveza artesanal y una definición normativa que reconoce a los productores independientes. Sin embargo, conserva un componente ad valorem que también forma parte del esquema de tributación.
Son dos realidades diferentes, pero conectadas por una preocupación común: cómo evitar que las reglas fiscales terminen profundizando las desigualdades entre pequeñas cervecerías y grandes compañías.
La comparación permite observar que no existe una única fórmula. Un sistema puede establecer tarifas específicas diferenciadas y, al mismo tiempo, mantener otros componentes que inciden sobre el precio final. También puede plantear beneficios según el tamaño de las empresas, la graduación alcohólica o el volumen producido.
Cada alternativa tiene consecuencias distintas sobre la recaudación, la competitividad, los precios y los objetivos de salud pública.
Una cadena productiva que va más allá de la fábrica
La discusión tampoco puede reducirse al precio de una botella o una lata.
La cerveza artesanal involucra una cadena de actividades que incluye productores, trabajadores, distribuidores, bares, restaurantes, proveedores de malta y lúpulo, fabricantes de equipamiento, diseñadores, profesionales gastronómicos y emprendimientos vinculados con el turismo y la cultura.
En países con mercados cerveceros concentrados, las pequeñas empresas suelen tener un papel relevante en la construcción de escenas locales, la diversidad de estilos y el desarrollo de propuestas asociadas a sus territorios.
Por eso, las decisiones tributarias pueden tener consecuencias sobre una red de actividades que excede a las propias fábricas.
El desafío para los gobiernos consiste en encontrar un equilibrio entre la recaudación, los objetivos sanitarios y las condiciones necesarias para que las empresas de menor escala puedan desarrollar su actividad.
Una experiencia que merece ser observada en América Latina
Ecuador consiguió avances que otros mercados de la región todavía discuten: una tarifa específica diferenciada y una definición normativa de cerveza artesanal que contempla independencia empresarial y participación de mercado.
Pero la experiencia también demuestra que esos logros no cierran automáticamente el debate. La combinación de componentes específicos y ad valorem continúa generando preguntas sobre el impacto real de los impuestos en los distintos segmentos de la industria.
Chile, por su parte, vuelve a discutir la estructura del tributo y la posibilidad de pasar a un esquema basado en litros producidos.
En ambos países aparece una cuestión de fondo: cómo diseñar reglas tributarias que permitan recaudar, contemplar los objetivos de salud pública y reconocer las diferencias entre una microcervecería independiente y una gran industria.
La discusión no consiste simplemente en determinar cuánto debe pagar una cerveza artesanal. Se trata de establecer qué condiciones necesita una actividad productiva para competir, crecer, generar empleo y sostener su desarrollo en mercados donde las escalas empresariales son profundamente diferentes.
Ecuador lleva casi diez años construyendo respuestas. Chile acaba de reabrir el debate. Y lo que ocurra en ambos mercados puede aportar elementos valiosos para una conversación que atraviesa a buena parte de la cerveza artesanal latinoamericana.



































